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Estados Unidos planea utilizar todo su poderío en la lucha contra el terrorismo apuntando a las instituciones financieras extranjeras que facilitan el financiamiento del terrorismo, a los líderes de grupos terroristas y a aquellos que participan en la financiación o capacitación de terroristas a través de Internet, entre otros.
“Las instituciones financieras extranjeras deben tener en cuenta que el gobierno de Estados Unidos utilizará plenamente esta nueva autoridad si se determina que, de alguna manera, facilitan las actividades ilegales de los grupos terroristas designados por Estados Unidos, sus miembros y sus partidarios”, Sigal Mandelker, subsecretaria del Departamento del Tesoro de EE.UU. para el terrorismo y la inteligencia financiera, dijo en declaraciones preparadas para un discurso la semana pasada en el marco de la cumbre anual del International Institute for Counterterrorism en Israel.
La semana pasada, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la lucha contra el terrorismo que expande significativamente los poderes antiterroristas de EE.UU. y se adentra en el campo de las monedas virtuales y el entrenamiento en el ciberespacio.
En materia de monedas digitales o criptográficas Mandelker señaló que las organizaciones terroristas y sus simpatizantes buscan constantemente nuevas formas de recaudar y transferir fondos sin ser detectados o rastreados y si bien la mayoría de los grupos terroristas aún dependen principalmente del sistema financiero tradicional y del efectivo para transferir fondos, sin controles sólidos, las criptomonedas podrían convertirse en la próxima frontera.
A principios de este año, en febrero de 2019, EE.UU. determinó que HAMAS solicitó donaciones con bitcoin a través de las redes sociales, utilizando dos direcciones de bitcoin. A fines de marzo de 2019, esas dos direcciones conocidas habían recibido al menos US$ 5.000 en bitcoins. “Si bien esto puede no parecer mucho dinero, un análisis de FinCEN encontró que las remesas vinculadas al terrorismo promediaron menos de US$ 600 por transacción. Como sabemos, el costo de llevar a cabo un ataque terrorista puede ser muy bajo”, señaló la funcionaria.
La industria de activos digitales ha gastado una enorme cantidad de energía y experiencia en el desarrollo de nuevos sistemas para transmitir valor, y ahora el gobierno de EE.UU. apunta a que esa industria aproveche esa experiencia tecnológica y la aplique a los problemas difíciles que deben resolverse en las finanzas ilícitas, tanto porque no hacerlo sería una amenaza a la seguridad nacional, como porque es la única forma para lograr la aprobación regulatoria.
Estados Unidos remarca que trabajará con gobiernos de todo el mundo para asegurarse de que no sobrevivan las compañías y fintechs que incumplan las obligaciones.
Esta expansión de las autoridades de OFAC ayudará a EE.UU. a adaptarse mejor a las amenazas en evolución.
En primer lugar, EE.UU. amplía las sanciones secundarias para cubrir a todos los terroristas designados bajo el programa de sanciones. Esto permitirá apuntar a instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, facilitan transacciones financieras significativas para terroristas. EE.UU. utilizará plenamente esta nueva autoridad si se determina que, de alguna manera, facilitan las actividades de los grupos terroristas designados por EE. UU., sus miembros y sus partidarios.
Las instituciones financieras extranjeras no son solo bancos, también incluye negocios de servicios monetarios, cambistas y administradores de criptomonedas, entre otros.
En segundo lugar, la orden ejecutiva mejora la capacidad del gobierno de EE.UU. para atacar rápida y eficientemente a líderes y miembros de grupos terroristas.
En tercer lugar, se establece una disposición extremadamente importante que permite al gobierno de EE.UU. apuntar no solo a quienes realizan simulacros en campos de entrenamiento, sino también a aquellos que participan en la capacitación brindada por terroristas a través de Internet y otras plataformas de telecomunicaciones.
Como parte de esta medida, Los Departamentos del Tesoro y de Estado también anunciaron la designación de 28 individuos y entidades, que representan a líderes, operativos y financieros, de 11 grupos terroristas en todo el mundo.
Desde el comienzo del gobierno de Trump, en los numerosos programas de sanciones, EE.UU. ha emitido más de 190 tramos de sanciones dirigidas a más de 2.600 personas, entidades, embarcaciones y aviones. En 2018, la OFAC sancionó a más terroristas y simpatizantes del terrorismo que en cualquiera de los últimos 15 años.
En el gobierno de Trump, EE.UU. también concentró esfuerzos para combatir las redes financieras globales de Hezbolá. Desde 2017, EE.UU. ha sancionado a los partidarios de Hezbolá en más de 20 países, incluidos Europa, África Occidental y Medio Oriente. Solo en 2018, el Departamento del Tesoro designó a más de 40 personas y entidades afiliadas a Hezbolá, más que en cualquier año anterior.
Esas cifras resaltan el enfoque del gobierno de utilizar las sanciones como una herramienta de política exterior en todo el espectro geopolítico.
Según las nuevas reglas, los dos departamentos responsables de imponer sanciones ya no necesitan desarrollar expedientes detallados que vinculen a altos funcionarios o agentes involucrados en grupos terroristas a ataques o actos específicos. Si una persona ahora se encuentra en la opacidad de Internet obteniendo instrucciones para fabricar una bomba, ya es suficiente para ser designado por parte de la OFAC.
Esta nueva autoridad es un cambio importante frente a la situación en el pasado no solo porque facilita la emisión de sanciones sino porque ahora cualquier institución financiera que sea encontrada manejando fondos para terroristas incluidos en la lista o sus partidarios corre el riesgo de ser recortada del sistema financiero de EE.UU.
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