XAVIER GIL PECHARROMÁN SEVILLA.
15:00 – 1/10/2016
Las nuevas exigencias legales fomentan una mayor concentración en el sector
Los auditores de cuentas emitieron ayer un llamamiento a las autoridades españolas y comunitarias en defensa de la presencia en el mercado, con plenas facultades competitivas, de las pequeñas y medianas sociedades de auditoría, entre otros motivos, por el gran volumen de empleo que generan (casi el 40 por ciento del total) y porque, por su naturaleza, son los principales proveedores del servicio de auditoría en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Así, se afirma en el informe Presente y futuro de la auditoría de cuentas en España. Diez claves, elaborado por el Consejo General de Economistas en el transcurso del IV Foro de pequeños despachos de audi- tores, celebrado en Sevilla.
Caen las obligatorias
Desde la emisión de la primera Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), la amplitud y profundidad de los requerimientos legales que regulan en España el marco general en el que se desenvuelve la auditoría ha ido creciendo exponencialmente.
El número de auditorías obligatorias realizadas en España siempre se ha situado por encima de las voluntarias. Ahora bien, en 2005 las primeras representaban el 75,4 por ciento del total, frente al 24,6 por ciento de las voluntarias, mientras que en 2015 estos porcentajes se sitúan en el 66,3 por ciento y el 33,7 por ciento, respectivamente. Esto se debe a que, si bien el número de auditorías obligatorias aumentó de 2005 a 2008, a partir de esa fecha se ha producido un constante descenso en las mismas.
También demandan que se potencie el interés por realizar auditorías conjuntas o coauditorías, donde las sociedades de auditoría de pequeña y mediana dimensión podrían jugar un papel sumamente importante, ayudando a las grandes firmas de auditoría a mantener a sus clientes hasta cuatro ejercicios económicos adicionales y contribuyendo reducir la concentración del mercado.
Otra de las demandas del sector es que se impulse la exigencia de una auditoría externa a determinados entes y organismos del Sector Público, sobre todo en la Administración Municipal. Con esta medida se podría incrementar también la participación en el mercado de las sociedades de auditoría de pequeña y mediana dimensión, siendo un elemento más en el afán por equilibrar el reparto del mercado.
Además, entienden que se debe poner mayor empeño en realzar la utilidad del servicio de auditoría para las empresas, al aportar mayor fiabilidad a su información financiera y, por tanto, ganar credibilidad frente a terceros, al mejorar sus sistemas de control interno y al ser una herramienta útil para la prevención y detección de fraudes internos.
Menos profesionales activos
“Somos una profesión muy regulada, incluso más que la de los médicos, que tratan con vidas humanas. Al exceso de regulación se suma el elevado régimen sancionador, mayor en España que en el resto de Europa”, afirmó Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA-REGA) del Consejo General.
El número de auditores se ha incrementado un 18,1 por ciento, pasando de 17.497 en 2005 a 20.657 en 2015. En cuanto a las sociedades, éstas han pasado de 1.187 en 2005 a 1.418 en 2015, lo que supone un aumento del 19,5 por ciento.
Para Lorenzo Lara, vicepresidente del Consejo General, “se observa un preocupante descenso en el acceso al ROAC, que podría ser indicativo de la pérdida de interés que el ejercicio de la auditoría despierta actualmente entre los jóvenes españoles”.
“Cada vez las cosas se ponen más difíciles para las pequeñas y medianas auditoras y cada cambio legislativo pone más difícil sus posibilidades de sobrevivir”, dijo Lara.
Sin embargo, el número de auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas como “no ejercientes” también se ha incrementado de forma constante en los últimos once años, incluso a mayor ritmo que el número total de inscritos. Frente al 19,6 por ciento de aumento de los auditores “totales”, el de los auditores “no ejercientes” se sitúa en el 25,6 por ciento. Los “no ejercientes” representaban el 70,7 por ciento de los auditores “totales”, en 2015 y ese porcentaje se ha acentuado aún más, hasta situarse en el 74,2 por ciento.
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