Farmacéuticas junio 3, 2016junio 3, 2016
Las mismas consultoras realizan tanto las auditorías como las revisiones, ordenadas por el gobierno, que evalúan el pago de comisiones ilegales, dos roles en que hay evidente conflictos de interés.
Reuters. Algunas de las compañías farmacéuticas más grandes de Estados Unidos han contratado a sus propios auditores para realizar las revisiones de cumplimiento solicitadas por autoridades de gobierno respecto a presuntas violaciones civiles, tales como el pago de comisiones ilegales o promoción de medicamentos sin etiqueta, según los registros federales revisados por Reuters.
Las revisiones realizadas por un tercer ente están jugando un rol cada vez más importante a la hora de ayudar al gobierno en asegurar que las compañías cumplan sus obligaciones con los arreglos federales.
Pero, a diferencia del Departamento de Justicia o la Comisión de Valores, el inspector general del Departamento de Salud y Servicios no prohíbe que las compañías contraten a firmas con las cuales ya tienen lazos de negocios.
Algunos legisladores y expertos en leyes afirman que esta práctica crea conflictos de interés y puede perjudicar la independencia de los revisores externos.
“Si el objetivo de todo esto es tener una revisión enérgica e independiente que descubra los errores y el potencial fraude en que podría incurrir la compañía, no los pongan bajo el “pulgar” financiero de personas que tienen millones de dolares en juego para mantener la auditoría funcionando”, comentó Kevin Outterson, un profesor de salud y derecho corporativo en la Universidad de Boston.
Muchas farmacéuticas -incluyendo a Novartis, GlaxoSmithKline, Merck, Sanofi y Allergan Inc.- se han basado en sus auditores existentes o anteriores, PricewaterhouseCoopers (PwC) o Ernst & Young (EY), para que también realicen las revisiones correspondientes, según documentos corporativos y una lista de censores. El inspector general de la agencia de salud entregó una lista de censores contratados por las compañías en respuesta a un Acta de Libertad de Información solicitado por Reuters.
El inspector generalmente establece las demandas civiles a través del uso del “acuerdo de integridad corporativa”, que exige varias reformas.
Estos tratos de cinco años a menudo requieren de la contratación de un consultor de cumplimiento independiente, conocido como “organización de revisión independiente”, el cual se encarga de la revisión de políticas y datos internos, tales como el pago a los médicos.
A cambio, la oficina del inspector general no excluye a la compañía de participar en Medicaid y Medicare.
Susan Gillin, abogada en la oficina del inspector general, afirmó que reconoce que “teóricamente, el conflicto de intereses existe potencialmente”. Pero también comentó que su agencia no ha visto problemas de supervisión débil por parte de las auditoras que cumplen dos roles. Tales arreglos están permitidos, siempre y cuando la firma no esté involucrada en la gestión empresarial o asesore las políticas que luego revisará.
“Tenemos muy pocas partes repetidas para los acuerdos de integridad corporativa”, añadió.
Mientras algunas compañías han tenido múltiples acuerdos a través de los años, generalmente cubren diferentes presuntas violaciones, o conductas que han tenido compañías que, entre arreglos, se convierten en parte de otras firmas a través de una adquisición, dijo Gillin.
Voceros de Novartis, Merck, GlaxoSmithKline y Sanofi anunciaron que le describieron sus lazos de negocios al inspector general, quien las revisó. El vocero de Allergan Inc. afirmó que el arreglo fue previo a la adquisición de la compañía por parte de Actavis en marzo del 2015.
Ejecutivos en PwC y Ernst & Young le comentaron a Reuters que su trabajo dual realizando auditorías y llevando a cabo la revisión de cumplimiento no estaban en conflicto y que cumplían con todas las regulaciones aplicables.
Los revisores de cumplimiento “son independientes de hecho y de apariencia”, declaró el Vicepresidente de E&Y, Ron Hauben.
Nancy Beaham, socia en PwC, afirmó que la firma adhiere a los estándares federales para todos los contratos de auditorías de empresas públicas.
“Nos regimos por las reglas de lo que podemos y no podemos hacer”, cerró.
GRANDES CONTRATOS EN JUEGO
Algunos expertos legales que ven un conflicto en el rol dual dicen que puede ser exacerbado por el hecho de que a las empresas de contabilidad generalmente se les paga más por el trabajo de auditoría que para ese tipo de revisiones de cumplimiento.
Por ejemplo, previo a que Allergan fuera adquirido por Actavis en marzo del 2015, la compañía reveló que en el año fiscal 2012, le pagó a Ernst & Young más de US$ 5 millones en cargos por auditoría, comparado con los más de US$ 440.000 que significaron los trabajos de cumplimiento bajo el acuerdo de integridad corporativa.
“Trabajar con una gran compañía es un contrato importante, y un contratante establecido no será independiente”, aseveró Brandon Garrett, profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad de Virginia.
El presidente de Justicia del Senado y republicano de Iowa, Charles Grassley, comentó que este tipo de contratos podían debilitar la ejecución de las revisiones.
“Si las firmas que están ejecutando el acuerdo no son independientes”, sentenció para Reuters en una declaración, eso “va en contra del propósito de los acuerdos”.
Mientras que algunas compañías contratan a sus auditores como revisores, la mayoría de las más de dos docenas de empresas públicas revisadas por Reuters que tienen o tuvieron un acuerdo de integridad corporativa -tal como Pfizer, CVS Caremark y Eli Lilly- no trabajan con quienes realizaron la auditoría y en su lugar optan por empresas de consultoría o de derecho.
HISTORIA DE VIOLACIONES
Actualmente los clientes duales de Pricewaterhouse para auditorías y cumplimientos son, entre otros, Novartis y Merck, de acuerdo a la lista entregada por el inspector general de la agencia de salud.
GlaxoSmithKline, por otro lado, previamente había pactado con su auditor, PwC, para una revisión de cumplimiento que terminó el 2012.
EY actualmente también realiza un trabajo dual con Sanofi y antes lo había hecho con Allergan Inc., previo a su adquisición.
GlaxoSmithKline, Novartis y Merck han estado todos envueltos en múltiples acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos desde 1991 para resolver una serie de demandas civiles y penales, de acuerdo a un reciente reporte de el organismo de fiscalización sin fines de lucro Public Citizen.
GlaxoSmithKline ha pagado cerca de US$ 8.000 millones en multas federales entre 1991 y 2015 -lo más que ha pagado una farmacéutica por este ítem-, según informó Public Citizen.
Una vocera de GlaxoSmithKline afirmó que la compañía ha mejorado notablemente su cumplimiento adoptando medidas tales como la eliminación de pagos a los médicos que hablen en nombre de su empresa y terminando con los incentivos de venta basados en el volumen de las prescripciones.
Novartis, en 2010, acordó cargos civiles tras sobornar a médicos para que intervinieran en eventos corporativos, y firmó un acuerdo de integridad corporativa.
La compañía ahora enfrenta otra demanda civil presentada por fiscales federales y estatales, quienes aseveran que los sobornos a los médicos continuaron por cerca de un año luego de haber firmado el acuerdo con el inspector general.
Novartis ha tratado de desestimar el caso, diciendo que realizan acusaciones de “barrido” de “un esquema nacional fraudulento de una década de duración, basado en sólo quince doctores”.
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