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En una región que ya cuenta con normas anticorrupción en una gran cantidad de países, sólo el 17% de las organizaciones consideran que están adecuadamente preparadas para luchar contra el fraude corporativo y solo el 31% confirma haber detectado casos de fraude en el último año. Los números salen de una encuestar realizada por BDO Internacional, en el marco de un estudio para la comprensión de esta problemática a nivel regional: Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019.
Otro de los datos arrojados por la encuesta es que las tipologías vinculadas con esquemas de corrupción son las más frecuente en las empresas en América Latina. En promedio, las compañías están teniendo pérdidas de US$1,5 millones por año debido al fraude corporativo.
El estudio, que se realizó con el propósito de entender el fenómeno del fraude corporativo y advertir a las empresas para evitarlo, analizó las opiniones de los1.554 entrevistados, que en su mayoría ocupan roles directivos en sus organizaciones.
“A pesar de la reciente sanción de normas anticorrupción, en las que el incumplimiento con estas regulaciones podría implicar fuertes sanciones para las empresas, el 58% de las compañías que operan en América Latina cree que el fraude corporativo, este año, es igual o mayor que en 2018; con el agregado de que en los países en los que ya fueron sancionadas las normas anticorrupción, solo el 38% de las empresas en esos países tiene conocimiento del impacto de estas regulaciones”, afirma Fernando Peyretti, Co-Leader de la práctica de Fraudes, Investigaciones y Disputas de BDO en Latinoamérica. Entre los países latinoamericanos que ya cuentan con regulaciones anticorrupción se encuentran Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú y Chile.
Entre los resultados se desprende que el 31% de los esquemas de fraude se detectaron como consecuencia de reportes, a pesar de que los sistemas de canales de denuncia aún no se encuentran difundidos masivamente, un dato que aporta luz al creciente impulso internacional por parte de distintos gobiernos y agencias gubernamentales para el desarrollo de canales o estructuras de reporte con la intención de generar transparencia y a la vez obtener información de la base de la organización, al estilo de la oficina de whistleblower que se creó bajo la estructura de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC)
Estos son algunos de los resultados de la encuesta de BDO para que el mundo corporativo y los reguladores tomen en cuenta en su afán por fortalecer los controles contra el delito financiero. Así mismo, el mapa del fraude corporativo quiso conocer los programas antifraude y anticorrupción presentes en la región, llegando a la conclusión que estos deben obedecer a un sistema robusto de controles como un elemento disuasorio, así como la adopción de mecanismos de prevención, detección y respuesta frente al fraude corporativo.
Entre los elementos que contribuyeron a la ocurrencia de los fraudes, incluso entendiendo que existe una combinación en los factores descriptos, los entornos de control interno inmaduros son un escenario muy común para las empresas de Latinoamérica: El 61% de los encuestados respondió que la deficiencia de control interno ayudó a que se cometiera el fraude, el 50% dijo que la deficiente supervisión por parte de la gerencia o alta dirección un factor agravante, el 42% señaló la ausencia del control interno, el 32% que fueron directivos que no inspiraron a una cultura ética, mientras que el 42% señaló la ausencia de personal calificado en la supervisión de controles.
“En cuanto a los defraudadores, los rasgos característicos más significativos son: hombres de entre 31 y 40 años de edad y con una antigüedad de entre 2 y 5 años en la organización. Cabe destacar que en el 86% de los casos, el fraude fue cometido por más de una persona”, explica Fernando Peyretti.
En el 59% de los casos de fraude no se realizó una debida diligencia de los empleados que estuvieron involucrados en casos de fraude. Y en los casos que sí se realizaron, el 79% se verificaron antecedentes penales, el 64% se pidió referencias a empleadores anteriores, el 41% se verificaron sus credenciales educativas y también un 41% se realizaron consultas a bases públicas de información y solo un 18% se pidió un chequeo de antecedentes a un tercero
Por el momento, muchas empresas parecen no tomar del todo conciencia sobre la importancia de desarrollar una política interna de prevención, detección y respuesta para combatir el fraude en sus diferentes momentos.
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