sábado, 30 de junio de 2018

CONTROLES ANTIFRAUDE….(ALGUNOS)

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A continuación se exponen algunos ejemplos concretos de controles antifraude, tanto por información financiera fraudulenta como por una apropiación indebida de activos. Son sólo ejemplos y, por tanto, pueden no ser los más adecuados o necesarios en cada circunstancia. Cada empresa, por su sector, tamaño y peculiaridades, necesita sus propios controles antifraude, pero sirvan estos ejemplos como guía. ( el orden en que se presentan no pretende reflejar su importancia relativa):
  • Visitar ubicaciones o realizar determinadas pruebas por sorpresa o sin previo aviso. Por ejemplo, observando el recuento de existencias en ubicaciones en las que no se haya anunciado previamente la visita, o realizando un recuento de efectivo por sorpresa en una fecha determinada.
  • Efectuar una revisión detallada de los asientos de ajuste de final de trimestre o de cierre de ejercicio de la entidad e investigando los que resulten inusuales por su naturaleza o importe.
  • Con respecto a transacciones significativas o inusuales, especialmente las que se producen al cierre del ejercicio o en una fecha cercana a éste, investigar la posibilidad de que existan partes vinculadas y las fuentes de los recursos financieros que sustentan las transacciones.
  • Aplicar procedimientos analíticos sustantivos empleando datos desagregados. Por ejemplo, comparando ventas y costes de ventas por ubicación, línea de negocio o mes con las expectativas del auditor.
  • Realizar entrevistas al personal relacionado con áreas en las que se ha identificado un riesgo de incorrección material debida a fraude, para obtener su opinión sobre el riesgo y sobre si los controles responden al riesgo, o el modo en que lo hacen. (Risk Assestment)
  • Aplicar procedimientos de auditoría para analizar saldos de apertura de determinadas cuentas de estados financieros auditados previamente para valorar, con la ventaja que da la perspectiva temporal, el modo en que se resolvieron determinadas cuestiones que conllevan estimaciones y juicios contables; por ejemplo, una provisión para devoluciones de ventas.
  • Aplicar procedimientos a cuentas u otras conciliaciones preparadas por la entidad, incluido el examen de conciliaciones realizadas en periodos intermedios.
  • Aplicar técnicas asistidas por ordenador, como, por ejemplo, la extracción y posterior tratamiento de datos, para realizar pruebas sobre la existencia de anomalías. Se pueden definir cadenas de transacciones que pueden resultar alertas de operatorias irregulares.
  • Realizar pruebas sobre la integridad de los registros y transacciones realizados por ordenador.
  • Aplicar procedimientos analíticos sustantivos con relación a los ingresos empleando datos desagregados; por ejemplo, comparando ingresos registrados mensualmente y por línea de producto o segmento de negocio durante el periodo actual de información con periodos anteriores que sean comparables. Las técnicas de auditoría asistidas por ordenador pueden ser útiles para identificar relaciones o transacciones generadoras de ingresos inusuales o imprevistas.
  • Confirmar con clientes determinados términos contractuales relevantes y la ausencia de acuerdos paralelos, ya que, a menudo, dichos términos o acuerdos influyen en la contabilización adecuada y las bases de los descuentos o el periodo al que se refieren suelen estar poco documentados. Por ejemplo, en tales situaciones suelen ser relevantes los criterios de aceptación, las condiciones de entrega y de pago, la ausencia de obligaciones futuras o continuadas del vendedor, el derecho de devolución del producto, los precios de reventa garantizados y las provisiones de cancelación o devolución.
  • Indagar entre el personal de ventas y marketing de la entidad o ente el asesor jurídico interno sobre ventas o envíos realizados en una fecha cercana a la finalización del periodo y sobre su conocimiento de cualquier término o condición inusual asociados a dichas transacciones.
  • Examinar los registros de existencias de la entidad para identificar las ubicaciones o las partidas que requieren atención específica durante el recuento físico de las existencias, o después de éste.
  • Observar el recuento de existencias en determinadas ubicaciones sin previo aviso o realizar recuentos de existencias en todas las ubicaciones en la misma fecha.
  • Realizar recuentos de existencias en la fecha de cierre del periodo de información o en una fecha cercana a ésta, para minimizar el riesgo de manipulación inadecuada durante el periodo comprendido entre el recuento de existencias y el cierre del periodo.
  • Aplicar procedimientos adicionales durante la observación del recuento; por ejemplo, examinar de forma más rigurosa el contenido de artículos embalados, la forma en que se almacenan (por ejemplo, espacios vacíos) o etiquetan las mercancías, y la calidad (es decir, pureza, grado o concentración) de las sustancias líquidas, como perfumes o productos químicos. Recurrir a los servicios de un experto puede ser útil a este respecto.
  • Comparar las cantidades del periodo actual con las de periodos anteriores por clase o categoría de existencias, ubicación u otros criterios, o comparación de las cantidades del recuento con los registros permanentes.
  • Utilizar técnicas de auditoría asistidas por ordenador para comprobar con más detalle la compilación de los recuentos físicos de existencias. Por ejemplo, ordenar por número de etiqueta para realizar pruebas sobre los controles de etiquetas, o por número de serie de los artículos para realizar pruebas sobre la posibilidad de que se haya omitido o duplicado un artículo.
  • Realizar un cotejo informático de la lista de proveedores con una lista de empleados para identificar coincidencias de direcciones y números de teléfono.
  • Realizar un análisis informático de registros de nóminas para identificar duplicidades de direcciones, de números de identidad o de identificación fiscal de empleados o cuentas bancarias.
  • Revisar los expedientes de personal en busca de aquéllos que contengan poca o ninguna evidencia de actividad; por ejemplo, ausencia de evaluaciones de desempeño.
  • Analizar los descuentos y devoluciones de ventas en busca de patrones o tendencias inusuales.
  • Revisar la adecuación de gastos importantes e inusuales.
  • Revisar la autorización y el valor en libros de préstamos a miembros de la alta dirección y a partes vinculadas a ellos.
  • Revisar el nivel y adecuación de los informes de gastos presentados por la alta dirección.

HAY…

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USO DE DATA ANALYTICS

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¿Has escuchado el término Analytics?, los contadores actualmente están preguntando mucho respecto de esta nueva ola. Compartimos un editorial de un profesional del medio que desarrolla de manera muy breve su punto de vista

jueves, 28 de junio de 2018

DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO

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El desarrollo profesional continuo, enriquece los conocimiento que ya tenemos y también nos posibilita un mejor posicionamiento en el mundo laboral!!
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CUIDADO PROFESIONAL

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El debido cuidado profesional de los auditores internos puede ser evidenciado en los papeles de trabajo o en otra documentación de los procedimientos y procesos empleados durante el trabajo de auditoría!!
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RECURSOS ESCASOS

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lunes, 25 de junio de 2018

LA ARROGANCIA EN EL FRAUDE CORPORATIVO

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Julián Ríos, CISSP, CFE
Julián Ríos, CISSP, CFE
Certified Fraud Examiner and Cybersecurity Investigator


En pasados artículos, como en el de Diamante del Fraude, hablamos del nuevo vértice “Capacidad” y vimos cómo a través de una teoría se podría explicar por qué las personas cometen fraude. Sigo pensando que la teoría del Triángulo del Fraude de Donald cressey cubre el término capacidad cuando se habla de su vértice Oportunidad, que se define como la información general y las habilidades técnicas para cometer un fraude.
Triángulo del Fraude, Diamante del fraude y ahora Pentágono del fraude, adicionando capacidad y arrogancia a la teoría original
Hoy veremos cómo a través del pentágono del fraude, inventado por Jonathan T. Marks de la empresa de consultoría Crowe Horwath se habla también de la necesidad de incorporar más vértices, ésta vez el de “arrogancia“.

Definamos la arrogancia

Según Karen Horney, la arrogancia es una actitud que se refiere al excesivo orgullo de una persona de si misma, que la lleva a creer y a exigir mas privilegios de a los que tiene derecho normalmente. Definiendo igualmente el orgullo como un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Para rematar, la psicología dice que la arrogancia es el producto de la compensación que ocurre en el ego por tener una autoimagen inflada, por lo tanto, la persona pretende ejercer los derechos que cree tener por la importancia que se atribuye a sí misma, basada en su autoimagen, mientras que los demás lo ven y reconocen por lo que es.

Arrogancia como componente del fraude

Según un estudio de COSO, el 70% de los perpetradores tienen un perfil donde resalta la combinación de presión corporativa/social y arrogancia, enfundada en un espíritu de liderazgo de tipo influenciable sobre las personas de su entorno.
La arrogancia y la codicia, junto con el poder de hacer algo incorrecto pero autojustificable en el mar del ego humano, está presente en más de la mitad de los estudios de fraude y podríamos estar hablando mas que de situaciones que generen presión social, oportunidad y justificación, de personalidades que son mas compatibles y estarían mas orientadas a la ocurrencia de un fraude.

Cómo detectarla en su forma temprana

Según el mismo creador de la teoría, se puede detectar un comportamiento sospechoso, digno de ser analizado, en aquella persona que presente cierta inclinación por no cumplir o estar en desacuerdo con los controles internos establecidos por auditoría interna, porque piensa que deben ser para todos menos para él, que lo único que hacen es impedir que se lleve a cabo su excelente y eficiente labor en la compañía.

La arrogancia como mecanismo de defensa

Ernesto estaba muy interesado en atraer la atención de las personas, él intento todos los métodos que conocía para impresionarlos pero ellos nunca se dieron cuenta de que él existía. Ernesto se comenzó a sentir mal porque creía que la gente de la alta sociedad lo ignoraba intencionalmente, su ego lo estaba hiriendo y buscaba con impaciencia una forma de sentirse importante sabiendo que las personas que le interesaban lo ignoraban.
La mente de Ernesto se dio cuenta de que ser arrogante podría ser una solución que podría hacer que se sintiera importante y podría sanar su ego herido, pero se enfrentó a un gran problema, ¿cómo podría ser arrogante si la gente ya lo ignoraba? ¿Cómo podría él afirmar que era mejor que aquellos que no se interesan en él?
Ernesto entonces no practicó su arrogancia con esas personas sino que eligió a los que consideraba que valían menos que él y los trató de forma arrogante. ¿ Has vivido esta situación con alguien en tu organización ?

Referencias

(ACFE, 2018) Fraud Magazine, Improving fraud risk management

Acerca de Julián

Julián Ríos, certificado en materia de Antifraude y Seguridad de la Información, es el fundador de la firma internacional NF, con base en la ciudad de Medellín, Colombia. También es el creador del software antifraude The Fraud Explorer DRIFR y apoya a personas y empresas a enfrentar y solucionar sus retos en materia de Ciberseguridad y combate del fraude.
Para conocer más acerca de Julián Ríos y su empresa, por favor visite el sitio web de la firma NF o consulte su perfil público en el enlace de LinkedIn.

NO IMPORTA...

YO…

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LA ÉTICA, MÁS ALLÁ DE BUENAS PRÁCTICAS Y MARCOS DE REFERENCIA

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Ene/Feb 2018

Ing. Christian Vaca B. CPA. Msc.
“Decisiones, cada día.
Alguien pierde, alguien gana
¡Ave María!
Decisiones, todo cuesta.
Salgan y hagan sus apuestas,
¡Ciudadanía!”
Rubén Blades
Decisiones del cantautor, músico, político panameño Rubén Blades quien interpreta la llamada salsa intelectual. Al escucharla permite reflexionar que para cada acción (decisión) hay una reacción, buena o mala pero está en función de nuestra propia elección o libre albedrio que solo como ser humano poseemos.
Hoy en día dados los casos de corrupción más recientes y mediáticos como FIFA Gate1, u Odebrecht2, el primero a nivel mundial y el segundo a nivel de América Latina u otros más antiguos como el Caso Enron, WorldCom o Parmalat, se ha abierto el debate para el fortalecimiento o actualización de esquemas de control como el tan conocido y difundido COSO (2013 y ERM), así como esquemas ISO (37001, 31000), sin embargo, creo que más allá de buenas prácticas o marcos de referencia empresariales debemos regresar la vista mucho antes, es decir, desde la formación integral del ser humano y considerado por muchos autores la base de la sociedad “la familia”.
La pérdida de valores acarrea en un problema social que a largo plazo podría ser la destrucción de la familia y por ende de la sociedad, sin embargo, pienso que estamos aún a tiempo de tomar las medidas correctivas y de enderezar la realidad y nuestro futuro, por medio de campañas de valores que motiven a los jóvenes a ver este tema de la ética como el más fundamental en su preparación personal, académica y profesional.
Hablar de ética es hablar del contexto social en el que vivimos, de reglas legales y sociales establecidas para vivir en comunidad, en sociedad. Pues solo así cumplimos con el dicho “el derecho de uno termina donde empieza el del otro”. Estos esquemas han sido plasmados por los gobiernos como una forma de convertir a la moral en un principio legal que ayude a las personas a tener claridad entre lo que está bien y lo que está mal y en muchos casos obligue a las personas a su estricto cumplimiento, como es el caso de la constitución que no es más que un marco que ayuda a las personas a distinguir entre sus derechos (beneficios, premios como se los quiera llamar) y sus obligaciones (castigos, llamados de atención, etc.). Sin estas premisas legales la sociedad se convertiría en una sociedad de anárquica donde cada quien haría lo que le parece que esta correcto bajo su propio interés y punto de vista.
La ética no es más que el intento racional del ser humano por averiguar cómo vivir mejor o llegar a la buena vida. Vivir mejor no solo es contar con recursos económicos sino también con valores morales bajo cualquiera de los principios explicados en párrafos anteriores, que permitan al hombre vivir en armonía con el medio ambiente y con sus similares.
Conocer nuestras metas, definir un plan de vida, debemos desarrollar la capacidad de establecer prioridades y de imponer jerarquía entre lo que nos apetece y lo que realmente deseamos. Llegar a acaparar riqueza en lugar de cultivar una amistad, crecer en de forma apresurada aplastando de cualquier forma a quienes nos rodean no es un plan de vida del cual a largo plazo podamos sentirnos orgullosos. Muchas organizaciones contribuyen a que este aspecto ocurra al no contar con planes de carrera claros haciendo que solo los que están con los mandos altos ocupen posiciones gerenciales.
La libertad no es una filosofía, no es una idea, es un momento en que la conciencia nos lleva a pronunciarnos de forma asertiva con un Sí o negativa con un No, todo en instantes, en segundos que pueden marcar nuestra vida de forma permanente.
Por lo tanto, creo importante que debe tomarse en cuenta en la formación de toda persona y mucho más de un profesional independientemente de su especialización, por lo menos, los principios de la moral que plantea Savater3.

1http://www.elcomercio.com/deportes/fifagate-investigacion-datosbasicos-caso-entender.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/claves-caso-odebrecht-ecuador-sobornos.html
3 Savater, F. (1991). Ética para Amador. Libros Tauro.

EMPRESAS FANTASMA: EL VÉRTICE DE LA CORRUPCIÓN

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Ene/Feb 2018

Luis Manuel Pérez de Acha
Abogado fiscalista e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción
Operan desde hace décadas y cada vez son más notorias por su participación en casos deshonestos; sin embargo, no hay mecanismos que impidan su uso para financiar ilegalmente las campañas electorales.
Están de moda. La Estafa Maestra, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo lo ratifican, pero ¿qué son las empresas fantasma?
Han operado en México durante décadas. En 1980, cuando me incorporé al mundo fiscal, el mecanismo se utilizaba para evadir impuestos. Otros abogados y contadores dan cuenta de ellas desde los años 60 del siglo pasado.
Con frecuencia, el lenguaje periodístico confunde a los lectores. Esto se debe a que, en la realidad, las empresas fantasma no son empresas y no son fantasma. Se trata de empresas cuya existencia es legal, pues se constituyen ante notario público y están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Tienen cuentas de cheques y los pagos los reciben mediante transferencias bancarias. Tampoco sus facturas son falsas, en el sentido formal del término, en tanto que cumplen con los requisitos fiscales y se emiten a través de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT). No generan empleos ni riqueza; su objetivo es facilitar la evasión fiscal y la corrupción.
Entonces, ¿por qué se dice que las empresas son fantasma y que sus facturas son falsas? La respuesta es sencilla: en los tiempos anteriores a que el SAT implementara sus sistemas informáticos -cuando las facturas eran de papel-, una práctica usual era que los nombres de las empresas y sus respectivos RFC fueran inventados; no existían para efectos legales ni fiscales. En consecuencia, las facturas eran apócrifas (simple papel, sin validez alguna).
Para evitar esa situación, como primer paso la Secretaría de Hacienda estableció la obligación de que los contribuyentes imprimiesen sus facturas en establecimientos autorizados. Al poco tiempo, los nombres de los talleres de impresión y de los oficios de autorización también se inventaron. Éste fue uno de los motivos que impulsaron al SAT a crear una plataforma para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que son los únicos con validez legal para el pago de impuestos. Cualquier otro comprobante expedido fuera de ese sistema carece de efectos fiscales.
En la actualidad, las empresas legalmente constituidas ya no falsean facturas, sino simulan la venta de bienes o la prestación de servicios. Sus operaciones son inexistentes, por lo que los CFDI emitidos en la plataforma del SAT son ilegales. Por ello, a esas empresas se les sigue calificando como fantasma.
¿CÓMO OPERAN?
En sus primeros tiempos, la finalidad de las empresas fantasma era evadir impuestos. Éstas expiden CFDI que amparan operaciones falsas para simular la venta de bienes o la prestación de servicios. Los comprobantes son “comprados” por otros contribuyentes, quienes los utilizan para efectuar deducciones en el ISR y acreditamientos en el IVA. En su conjunto, la simulación da la apariencia de legalidad a actos de suyo delictivos.
Al paso de los años, ese actuar se infiltró en las dependencias públicas. El negocio no se limitó a la evasión de impuestos. Con un mecanismo similar, incluso más simple, el falseamiento y la simulación de operaciones se enfocaron al desvío de recursos públicos. La federación, los estados y los municipios pagan a las empresas fantasma los CFDI que éstas les entregan. Se trata de una maquinación perfecta, que sólo requiere de la complicidad de las empresas con los funcionarios en turno.
En teoría, las empresas fantasma tendrían que pagar el ISR e IVA causados con motivo de los pagos recibidos. No lo hacen. De manera descarada deciden no pagar y, al mismo tiempo o poco después, desaparecen. Otra posibilidad es que los recursos se dispersen en una cadena de aliados o en otras empresas fantasma, las cuales a su vez también se esfuman. Todo esto, en su conjunto, obstaculiza la fiscalización y la identificación de las rutas del dinero.
Las entidades federativas son campo propicio de actuación de las empresas fantasma. Esto obedece, en primer término, a que más del 90 por ciento de los recursos que manejan provienen de transferencias federales, las cuales representan cantidades descomunales y apetitosas. En 2014, por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) entregado a los 32 estados, fue equivalente al total del IVA recaudado por el SAT en el mismo año. Por cierto, en este tema las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación han sido demoledoras. Una segunda razón es que los sistemas contables y de fiscalización en las entidades federativas son precarios, lo que no sólo facilita la simulación de contratos de obras y servicios, sino que propicia la opacidad y la falta de rendición de cuentas de las finanzas públicas. Además, el control político de los gobernadores es férreo, lo que complica las indagatorias locales y las acciones judiciales en contra de los responsables. Lo que llama la atención, sin embargo, es la actitud pasiva de la federación en esta materia.
Una tercera circunstancia que prohíja el desvío de recursos públicos en los estados, es que, sin justificación alguna, gran parte de los contratos de obras y servicios se asignan en forma directa; es decir, sin licitación pública, lo cual viola la Constitución Federal. Sobra decir que en esas contrataciones se privilegia a las empresas fantasma.
En el ámbito federal, la asignación directa de obras y servicios es una constante. Así, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación detectó este tipo de irregularidades en la implementación del Sistema Penal Acusatorio, en el que se aplicaron importantes cantidades de recursos públicos y del extranjero. Otro ejemplo es la Estafa Maestra, que demuestra el uso de universidades para evitar licitaciones públicas (por ley éstas tienen la opción de la asignación directa).
Desde 2014, el SAT publica las listas de empresas fantasma: cerca de 4 mil con carácter definitivo al 31 de diciembre de 2017. Lo paradójico es que las dependencias gubernamentales no tienen impedimento alguno para celebrar operaciones con ellas, ni se prohíbe pagarles. De hecho, se llega al absurdo de que los CFDI no se pagan directamente a dichas empresas -lo cual es obligatorio-, sino a otras personas físicas o morales. En el mundo fiscal, esto es inconcebible. En el sector público no sucede lo mismo, con la agravante de que no hay consecuencia alguna.
LA MONETIZACIÓN DEL DINERO
Las leyes fiscales y la Ley General de Contabilidad Gubernamental ordenan que todos los pagos de los contribuyentes y de las dependencias públicas tienen que realizarse mediante transferencias bancarias. Para los contribuyentes es una condición de deducibilidad en el ISR y de acreditamiento en el IVA. Para las dependencias públicas, es la forma de justificar la salida de recursos.
De ahí la gran interrogante: en el caso de las empresas fantasma, ¿cómo es que las transferencias se monetizan?; es decir, ¿cómo se convierten en efectivo? En esto radica el reto de cualquier investigación.
Para los funcionarios deshonestos y sus cómplices, carece de sentido la sustracción directa de efectivo de las cajas registradoras de las entidades públicas, al estilo de la película La Ley de Herodes. Quizá suceda en algunas tesorerías locales. Por ello, cuando escuchamos que algún funcionario es detenido con maletines de dinero, no es que haya tomado un cheque a su nombre para cambiarlo en una ventanilla bancaria. ¿Por qué asumir este riesgo? Mejor utilizar empresas fantasma. Aunque la disposición del efectivo se ralentiza, el negocio es seguro, pero exige paciencia.
De nuevo la pregunta: ¿cómo se monetiza el dinero? Responder con acierto es imposible, pues cualquier aseveración se inserta en el terreno de la especulación. Únicamente el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República cuentan con facultades legales y herramientas informáticas para investigar los flujos de dinero. Sin embargo, en opinión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -organismo intergubernamental creado en 1989 por el G-7 para combatir el blanqueo de capitales-, el trabajo de todas ellas es deficiente.
No obstante, existen indicios de cómo se monetiza el dinero. De hecho, algunos operadores de perfil medio y bajo -resentidos en su mayoría- han revelado los artilugios utilizados. En ciertos casos, las autoridades dan indicios sobre la ruta de los recursos provenientes de la evasión fiscal y de la corrupción gubernamental. Mi experiencia profesional de casi 40 años, en los que he lidiado con empresas fantasma y sus clientes, respalda lo que a continuación expongo.
El mecanismo más conocido son las tarjetas de débito vinculadas a cuentas bancarias nivel 1, topadas con depósitos de hasta 4 mil 465 pesos; también las cuentas nivel 2, con límite de 17 mil 850 pesos. Las empresas fantasma realizan transferencias electrónicas a esas cuentas. Los cuentahabientes diseminados en todo el país retiran el dinero en cajeros automáticos. El resultado es la dispersión de los recursos. La regulación bancaria para esas cuentas -sobre todo nivel 1-, dificulta la fiscalización y ubicación del dinero.
Otra modalidad, igual de práctica, son los retiros de efectivo mediante cheques al portador o que por su monto no activan las alertas en bancos. El volumen de cheques es indeterminado, dependiendo de lo que se pretenda monetizar. El SAT tiene identificado este proceder, pero la fiscalización se complica por la pulverización del dinero.
Ante esta realidad, los planteamientos al SAT son de dos tipos. En primer término, es indispensable establecer una regulación que acote o cierre la fuga de recursos a través de las empresas fantasma; pero no sólo respecto de ellas, sino también de los contribuyentes cuyo comportamiento es sospechoso, por el incumplimiento de las obligaciones fiscales sustantivas a su cargo.
Una segunda propuesta es que el SAT, con el máximo de su fuerza fiscalizadora, se concentre en los grupos que instrumentan y se benefician con empresas fantasma. No sólo me refiero a los dueños reales del negocio –autores intelectuales y funcionarios públicos-, sino también a todos quienes los apoyan: prestanombres, abogados, contadores públicos, notarios, asesores financieros y ejecutivos bancarios. Un verdadero cártel de la corrupción.
Circula un rumor altamente especulativo, el cual sólo las autoridades pueden verificar. En ocasiones, algunos operadores del inframundo financiero -recordemos que son de cuello blanco e interactúan en sociedad- revelan que los recursos en cuentas bancarias de las empresas fantasma se monetizan mediante operaciones con personajes involucrados en actividades delictivas o que operan en el sector informal, quienes por la naturaleza de sus negocios tienen exceso de liquidez que necesitan bancarizar.
Es un dando y dando. El cruce de necesidades facilita el entendimiento entre ellos. Lo que sigue son dos movimientos: las empresas fantasma realizan transferencias bancarias a las cuentas de los delincuentes o informales (en Panamá, por ejemplo), y a cambio estas personas entregan el efectivo en cantidades iguales a las transferencias recibidas.
Un caso más se presenta con las asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos deducibles. En ciertos casos, su situación patrimonial es endeble, por lo que caen en la tentación de operar con empresas fantasma. El mecanismo es el siguiente: las asociaciones reciben donativos mediante transferencias bancarias, con el compromiso de entregar los recursos a otras empresas o personas físicas, previo descuento en su provecho de la comisión porcentual pactada. Así es como las donatarias se convierten en vehículo de paso del dinero, obstaculizando el rastreo del mismo.
Un ejemplo ayuda a comprender lo anterior. Supongamos que una asociación recibe 100 mil pesos de donativo, por los cuales emite un CFDI en favor de la empresa fantasma. La asociación retiene 20 mil pesos para sí, como cobro de la comisión por intermediación. Los restantes 80 mil pesos los transfiere a terceras empresas o personas físicas, quienes por su parte utilizan alguna de las modalidades antes indicadas para convertirlos en dinero en efectivo. Los sindicatos de trabajadores operan de manera semejante, con la ventaja para ellos de que los controles legales y fiscales se caracterizan por su laxitud e inoperancia.
EMPRESAS FANTASMA Y CAMPAÑAS POLÍTICAS
En épocas electorales, una vez que el dinero ha quedado monetizado, las empresas fantasma son el vehículo ideal para el financiamiento ilícito de partidos políticos y de sus candidatos. En el mejor de los casos, el efectivo se administra en una contabilidad B, opaca o paralela, que escapa a los controles y mecanismos de fiscalización del INE. Ese dinero ninguna relación tiene con el que se maneja en la contabilidad A, que es la única que ellos reportan.
De hecho, en temporada electoral, los operadores políticos ofrecen servicios “llave en mano”; es decir, ponen a disposición de quienes quieran apoyarlos -incluyendo dependencias públicas- un portafolio de empresas fantasma, con la garantía de que en el futuro los pagos nadie los cuestionará y de que los CFDI que los amparen serán válidos. En ese momento se cierra la complicidad, que en muchos casos a nivel federal y de los Gobiernos estatales es transexenal. Por eso, cuando se descubren este tipo de operaciones, no pasa nada.
Un ejemplo es el reportado por Reforma el pasado jueves 11, en relación con el desvío de recursos públicos en Veracruz para las elecciones de 2012. Sin embargo, el problema es sistémico, no exclusivo del PRI. En ese año, las empresas fantasma proliferaron en todo el país, como consta en las estadísticas internas del SAT. No es información pública, pero debería serlo. Nada impide suponer que en 2018 de nuevo repuntará el número de esas empresas. La colusión de los partidos políticos con las empresas fantasma, propia de la delincuencia organizada, presagia que el establishment permanecerá intocado, a salvo de acciones legales.
En las elecciones del 1 de julio, la fiscalización del INE sobre el efectivo canalizado a través de las empresas fantasma afronta tres retos: un plazo reducido de 45 días para realizar esa función; la imposibilidad de que durante fantasma, afronta tres retos: un plazo reducido de 45 días para realizar esa función; la imposibilidad de que durante ese plazo se superen los secretos fiscal y bancario de los partidos y de los sujetos investigados y la titánica tarea de monitorear los flujos de dinero. Ni siquiera el SAT, con el poderío de sus sistemas informáticos y su cuerpo de auditores, ha podido acotar un problema similar con quienes operan en el sector informal.
En mi opinión, el trabajo tiene que ser preventivo. Cerrar el grifo de recursos ilícitos provenientes de contribuyentes y de dependencias públicas sería un gran paso. Por ello, es indispensable que el SAT, de la mano de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y del Comité de Participación Ciudadana del SNA, implemente las reglas generales publicadas el 22 de diciembre de 2017, que restringen la celebración de operaciones con empresas fantasma o fiscalmente sospechosas.
En estas tareas preventivas, el apoyo de los bancos y en general de las instituciones financieras, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, resulta fundamental.
¿POR QUÉ LA IMPUNIDAD?
Las autoridades federales cuentan con suficientes herramientas para fiscalizar a las empresas fantasma e identificar las rutas del dinero. Sin embargo, la realidad evidencia varios problemas.
En lo que respecta al SAT, su presencia fiscalizadora fluctúa entre el 3 y 4 por ciento del universo de contribuyentes. Esto significa que la mayor parte de las empresas fantasma escapan de las revisiones fiscales. Además, las auditorías son lentas y, por lo tanto, retrasadas frente a la creación vertiginosa de ese tipo de empresas. Es un especie de “guerra de guerrillas” en contra de la Hacienda pública, en la que, hasta el momento, las autoridades tienen la batalla perdida.
En lo que toca a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, es dramático el rezago en las investigaciones en proporción a la dimensión del lavado de dinero. GAFI así lo reportó en su reciente evaluación. Menos del 1 por ciento de los casos se fiscalizan, y de estos apenas unos cuantos concluyen con sanciones penales definitivas. Además, en los hechos la legislación que regula la extinción de dominio para esos delitos es letra muerta.
No obstante, el principal problema es el blindaje que el establishment político brinda a las empresas fantasma. Un verdadero cártel de la corrupción, en el que ninguno de los articuladores y beneficiarios del complot aparecen en documentos legales. Sería ilusorio pensarlo. Quienes participan son prestanombres de bajo perfil, adultos mayores o personas a quienes se les robó la identidad.
No sucede lo mismo con las cuentas bancarias, cuyo control, como es natural, se asegura con las firmas y el manejo de las claves electrónicas por alguno de los cómplices en la confabulación delictiva. El dinero queda así protegido. Ahí radica la vulnerabilidad de todos ellos, en la medida en que es el hilo que posibilita el rastreo del dinero y la identificación de los beneficiarios efectivos. Por eso es importante la colaboración de las instituciones financieras, a través de los mecanismos previstos en la legislación bancaria.
EFECTOS DAÑINOS
Las empresas fantasma depredan las finanzas públicas. No en vano un ex jefe del SAT señaló: “Con lo difícil que resulta recaudar impuestos, para que otros se los roben descaradamente”. A esa frase falta añadir: “Y con lo gravoso que es pagarlos para los contribuyentes”.
El daño a la Hacienda pública se actualiza bajo las dos modalidades apuntadas: defraudación fiscal y desvío de recursos públicos. La afectación es estructural. Además, el fastidio ciudadano en contra de la corrupción y de la impunidad, así como la deficiencia de los servicios públicos -educación, salud, seguridad pública, etcétera-, desfavorece el pago voluntario de los impuestos.
Con independencia de las medidas preventivas que es indispensable implementar, el Gobierno federal tiene que actuar en contra de los cárteles de la corrupción. El agravio de la sociedad tiene que atenderse. Además de defraudación fiscal y desvío de recursos públicos, se actualizan los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Esto refleja que el tema legal no es menor.
La lucha contra las empresas fantasma tiene que asumirse con visión de Estado, como compromiso específico de los partidos políticos y de los candidatos de cara a las elecciones del 1 de julio. La pregunta es: ¿se atreverán ellos a darse un tiro en el pie?

CUATRO MITOS SOBRE LA CORRUPCIÓN

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Ene/Feb 2018
La corrupción a veces se presenta como un “cáncer” en la sociedad
El uso de esta terminología indica que se trata de una enfermedad social que comienza en algún lugar del cuerpo y luego se propaga a medida que infecta cada vez más células. Si esta metáfora tiene algún valor, es importante encontrar la ubicación correcta del problema de corrupción en el “cuerpo de la sociedad”. Si no sabe dónde se encuentra la enfermedad, la probabilidad de que pueda curarla es mínima.
Sin embargo, es importante reconocer que, como cualquier enfermedad insidiosa, la corrupción presenta múltiples mitos o pistas falsas para ocultar su origen y eludir los intentos de curación. El siguiente objetivo es pasar a través de cada una de estas pistas falsas e identificar en qué parte del cuerpo de la sociedad podríamos administrar un tratamiento para atacar la corrupción en su verdadera fuente.
Mito 1: estructuralismo
Comenzamos nuestra búsqueda donde muchos investigadores han estudiado las estructuras sociales que pueden albergar la fuente de la corrupción. El aumento en los grandes conjuntos de datos ha permitido un análisis estadístico avanzado de lo que diferencia a los países con altos y bajos niveles de corrupción. Los países dominados por el luteranismo, que son geográficamente relativamente pequeños, que no han tenido una historia de explotación por parte de las potencias coloniales y que son relativamente étnicamente homogéneos, han tenido mejores resultados. Estos resultados de investigación son ciertamente valiosos, pero también están fuera del alcance y la esfera de influencia de las políticas públicas actuales. Así como una paciente de cáncer que pregunta a su médico por una posible cura no se ayuda con el consejo de que debería haber elegido a otros padres, los investigadores a menudo confunden la noción de significación estadística con la importancia de la política.
Mito 2: conductismo
Otro espectro de explicaciones en busca de esta enfermedad se centra en cuestiones de comportamiento como el nivel de integridad y el estándar de ética de políticos, funcionarios y otros grupos profesionales en el sector público. No hace falta decir que un país con altos estándares morales en el servicio civil no sufriría corrupción sistémica. El problema con este tipo de análisis es que las variables explicativas son difíciles de distinguir de lo que se debe explicar. Es casi una tautología decir que lo que explica los bajos niveles de corrupción en un país es un alto estándar ético entre los políticos, los jueces y los funcionarios. En realidad, esta línea de razonamiento no tiene ningún poder explicativo; en cambio, es más una repetición de los datos.
Mito 3: Institucionalismo
La alternativa a las explicaciones estructurales y conductuales es enfocarse en la importancia de las instituciones. Es importante destacar que las instituciones son construidas y reproducidas (y algunas veces destruidas) por los humanos y, por lo tanto, en principio, abiertas para un cambio inducido por la política. El “enemigo”, por así decirlo, es al menos, en principio, posible de derrotar. Las instituciones pueden ser formales e informales, por lo que debemos saber cuáles son las más importantes para reducir el nivel de corrupción. Este es un tema en el que la investigación ahora parece proporcionar una respuesta clara, a saber, que la importancia de las instituciones formales ha sido sobreestimada.
Un buen ejemplo es Uganda, que después de numerosas intervenciones de los donantes, ha establecido un marco institucional que, según la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, fue “en gran medida satisfactorio en términos de medidas anticorrupción”. Las instituciones formales de Uganda de regulación anticorrupción obtienen 99 de 100 puntos en el índice Global Integrity del think tank, pero el país es, de acuerdo con las medidas existentes, uno de los más corruptos del mundo.
Otro caso en cuestión es Italia. Los estudios de corrupción en este país muestran una variación notablemente grande entre sus regiones del sur y del norte. Sin embargo, este es un país que ha tenido las mismas instituciones formales durante 150 años. Este resultado implica que el fuerte enfoque en cambiar las instituciones formales nacionales, como la introducción de agencias anticorrupción nacionales especiales, y leyes más estrictas, con toda probabilidad, es una estrategia anticorrupción fuera de lugar. Esto no quiere decir que las leyes nacionales contra la corrupción carezcan de importancia, pero es obvio por el ejemplo italiano que están lejos de ser suficientes. A día de hoy, muchos, si no la mayoría, de los países altamente corruptos tienen leyes formales estrictas contra la corrupción.
Mito 4: Culturalismo
¿Esta falta de importancia de las instituciones formales implica que la corrupción está de alguna manera arraigada en la cultura tradicional de lugares como Sicilia y otras sociedades altamente corruptas? Esta es la comprensión generalizada en antropología, pero, en mayor medida, también en economía. Muchos antropólogos, que son propensos al relativismo cultural, usan la cultura para excusar la corrupción, ignorando en gran medida la gran cantidad de investigación empírica que muestra sus efectos perjudiciales en casi todos los aspectos del bienestar humano. Los economistas, sin embargo, culpan a las culturas en sociedades altamente corruptas, etiquetándolas de “disfuncionales”.
La “cultura” a menudo se combina con la orientación moral general de la población en cuestión, pero hay (al menos) dos problemas con esta comprensión de la corrupción. El primero es la falta de apoyo empírico: a los encuestados en la encuesta Afro-Barómetro de 18 países de África subsahariana se les preguntó sobre los siguientes escenarios donde un funcionario: “decide ubicar un proyecto de desarrollo en un área donde sus amigos y seguidores “viven”; “Le da trabajo a alguien de su familia que no tiene las calificaciones adecuadas”; y “exige un favor o un pago adicional por algún servicio que sea parte de su trabajo”. Entre el 60% y el 76% de los 25,086 encuestados consideran que los tres ejemplos de corrupción son “incorrectos y punibles”, mientras que solo una pequeña minoría considera tales acciones como “nada mal”.
Resultados similares han sido reportados desde India. Una clara mayoría de aldeanos en regiones profundamente corruptas de la India respondieron que consideraban “muy importante” que los funcionarios “trataran a todos por igual, independientemente de sus ingresos, estatus, clase, casta, género y religión”, y también que los funcionarios públicos “deberían nunca bajo ninguna circunstancia aceptar sobornos “.
El segundo problema con el enfoque “culturalista” de la corrupción es cómo relacionarlo con la política. Culpar moralmente a la cultura de una nación no es muy diferente de decir que “eres una gente deshonesta y mala”. Es probable que este no sea un buen comienzo para lograr un amplio cambio de política.
El problema es que estos análisis mezclan la cultura como una orientación moral con las instituciones informales. Debería ser obvio que las instituciones informales y los valores morales son dos cosas diferentes. Los filósofos han abogado por una distinción entre “normas morales” y “normas sociales” como “fundamentalmente diferentes”. Las normas morales “justifican el principio normativo pertinente”, mientras que las normas sociales consisten en la “práctica social presunta”. Por ejemplo, si viaja a un país en el que aprende que la “práctica social presunta” para recibir tratamiento médico para sus hijos es para pagar los sobornos del personal de salud, la mayoría de las personas pagaría. Sin embargo, el padre todavía podría estar moralmente molesto y convencido de que hacerlo es éticamente incorrecto. Del mismo modo, un médico en un sistema de salud sistémicamente corrupto puede desaprobar moralmente la práctica de tomar dinero “escondido en un sobre”, pero tiene poco sentido ser el único jugador honesto en un sistema donde esta es la “práctica social presunta” . Las instituciones informales disfuncionales no se deben entender necesariamente como parte de una cultura si, por cultura, entendemos las “creencias” y los “valores” morales.
La fuente: “Reglas en uso”
La pregunta es, entonces, si existe alguna entidad social entre las instituciones formales y la cultura como orientación moral que pueda resolver el problema de dónde se ubica la corrupción en el “cuerpo de la sociedad”.
Una respuesta a esto fue presentada por la Premio Nobel Elinor Ostrom cuando sugirió que deberíamos distinguir entre “reglas en forma” y “reglas en uso”. Los teóricos de la organización han sugerido que entre la cultura y las instituciones formales existe un tipo de institución informal denominada “procedimientos operativos estándar”. Estas son reglas que no están formalizadas, son bien conocidas por los participantes, pero, lo que es más importante, no son necesariamente parte de su orientación moral. Son así similares a lo que los filósofos califican como “normas sociales”.
En un entorno completamente corrupto, incluso las personas que piensan que la corrupción es moralmente incorrecta es probable que participen porque no tienen sentido hacer lo contrario. Existe una clara distinción entre entender la corrupción como arraigada en el tejido moral de una sociedad, versus la corrupción como “procedimientos operativos estándar” que pueden obligar a las personas a actuar de maneras que creen que son moralmente incorrectas.
Desde una perspectiva política, esto puede ser una buena noticia. Si bien hay muy poco conocimiento sobre cómo cambiar la cultura (entendida como las normas morales) de una sociedad, hay una cantidad considerable de investigaciones sobre cómo se pueden cambiar los “procedimientos operativos estándar” a través de la acción colectiva. Tenemos ejemplos tangibles de la casi eliminación de prácticas como la fijación de los pies y la mutilación genital de niñas, y cómo las organizaciones han devuelto la confianza a sistemas en los que las personas se habían desilusionado anteriormente.
A través de iniciativas políticas enfocadas en tales “reglas en uso” y “procedimientos operativos estándar”, finalmente podríamos desafiar la corrupción en su origen, y proporcionar una cura a largo plazo a una enfermedad que ha afectado a nuestro cuerpo social por un tiempo demasiado largo.
Este artículo es parte de una serie del Día Mundial contra la Corrupción organizada y dirigida por la Iniciativa de Asociación contra la Corrupción (PACI) del Foro Económico Mundial.
Este artículo es parte de una serie del Día Mundial contra la Corrupción organizada y dirigida por la Iniciativa de Asociación contra la Corrupción (PACI) del Foro Económico Mundial.